La situación económica, la violencia intrafamiliar, las crisis de pareja y el bajo aprovechamiento en los estudios han incrementado en los últimos años de manera exponencial las terapias familiares, señaló la psicóloga Xóchitl Galicia Moyeda. La terapeuta de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM reveló que este escenario no sólo se debe al incremento de los problemas en la sociedad contemporánea, sino a la forma de pensamiento.

Si bien es cierto que la colectividad tiene otro tipo de problemas, como mayores índices de violencia y más agresividad, expuso, la manera de contemplar ciertas situaciones se ha modificado, al igual que su solución.

En un comunicado explicó que antes la inseguridad, los conflictos matrimoniales o el bajo rendimiento académico eran vistos como algo natural y sólo se encubrían los sucesos; ahora, con la información saben que su problema puede ser tratado y resuelto por medio de un psicólogo o un terapeuta familiar.

Galicia Moyeda subrayó que entre 80 y 90 por ciento de quienes recurren a terapias familiares solucionan su situación, porque descubren las herramientas o acciones que provocan la permanencia de sus problemas y cuáles ayudan a su dilución.

En otras ocasiones que no se resuelvan, el paciente se percata de los métodos que debe emplear, explicó la terapeuta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En esas ocasiones, abundó, su psicoterapia se enfoca al mejoramiento de las relaciones y los patrones conductuales de ese núcleo como un todo, así como entre miembros individuales y grupos o subsistemas del mismo.

En el Consultorio de Terapia Familiar Sistémica, de la Clínica Universitaria de Salud Integral (CUSI) de la FES Iztacala, la académica y diversos colegas ofrecen atención a quienes la requieran con un costo simbólico, sin importar el número de participantes, puntualizó el documento.

El Ministerio de Defensa de la Nación firmó hoy un acuerdo con la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense mediante el cual se compromete a colaborar y asistir técnicamente en la eliminación de la violencia intrafamiliar en las Fuerzas Armadas
Ingresos por la fuerza a hogares en horas no hábiles, quejas sobre abusos físicos, amenazas, detenciones injustificadas así como la falta de órdenes de allanamiento son algunas de las prácticas abusivas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante las redadas, según se desprende de un informe que será revelado hoy.

La Clínica de Justicia de Inmigración de la escuela de leyes Benjamín N. Cardozo, de la Universidad Yeshiva, sostiene en su reporte que desde el 2006 hasta el 2008, bajo el gobierno de George W. Bush hubo un patrón sistemático donde predominó la violación de la Constitución en los operativos desplegados a los largo y ancho del país.

Por ejemplo, en el Condado de Nassau, Long Island, se efectuaron un total de 457 arrestos en el periodo indicado, pero los agentes apenas obtuvieron el consentimiento en el 14% de los casos para proceder a los allanamientos, es decir que irrumpieron por la fuerza en un 86%.
La Clínica de Justicia de Inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad Yeshiva analizó los documentos de arresto de las oficinas del servicio de inmigración en Long Island y Nueva Jersey. La clínica, fundada el año pasado, representa a inmigrantes extremamente pobres que enfrentan deportación.

Su reporte dijo que como los agentes de inmigración usaron órdenes administrativas _ en lugar de órdenes judiciales, que dan a las agencias del orden acceso ilimitado _ deben tener permiso de un residente para entrara la vivienda, de lo contrario violan el derecho constitucional a protección contra allanamientos no razonables.

En Long Island, 86% de los reportes de arresto de 100 redadas entre enero del 2006 y abril del 2008 no mostraron que hubiese habido consentimiento, dijo el informe. En el norte y el centro de Nueva Jersey, en 24% de los 600 arrestos en el 2006 y el 2007 no se registró consentimiento de los residentes.

Peter Markowitz, director de la clínica y uno de los autores del reporte, dijo que las redadas a menudo son ejecutadas con fuerza excesiva, con los agentes de inmigración ingresando forzosamente a viviendas en operaciones antes del amanecer y tarde en la noche.

Las redadas estaban dirigidas ostensiblemente a individuos específicos que presentan amenazas a la seguridad nacional o de las comunidades, pero también son hechos arrestos de inmigrantes ilegales próximos, conocidos como arrestos colaterales.

Aunque el reporte solamente analizó datos de los dos estados, dice que el patrón indica que el problema es el mismo nacionalmente. Cita ejemplos similares en California, Texas, Arizona, Massachusetts, Georgia y otras partes del país.
Agentes de inmigración que allanaron casas en busca de inmigrantes ilegales violaron la constitución estadounidense al entrar a las viviendas sin consentimiento apropiado y en algunos casos pudieran haber usado etiquetamiento racial, segín un reporte difun

Agentes de inmigración que allanaron casas en busca de inmigrantes ilegales violaron la constitución estadounidense al entrar a las viviendas sin consentimiento apropiado y en algunos casos pudieran haber usado etiquetamiento racial, segín un reporte difundido el miércoles que analiza los registros de arresto.

Los latinos constituyeron una cifra desproporcionada de las personas arrestadas que no eran el objetivo inicial de las redadas y muchos de los reportes de sus arrestos no ofrecieron bases para las detenciones iniciales, dijo el informe, con base en datos de redadas en Nueva York y Nueva Jersey.
Expertos en educación y en medios de comunicación han puesto hoy de manifiesto la necesidad de cambiar las estrategias de trabajo en materia de inmigración con el fin de contribuir a la eliminación de estereotipos y a la integración ciudadana.

Esta es una de las conclusiones extraídas de la mesa de debate "Marginalidad y praxis educativa: su tratamiento en los medios", celebrada en el marco de las "Jornadas sobre Inmigración, Educación y Seguridad" de los cursos de verano de la Universidad de Jaén, dirigidos por el magistrado Baltasar Garzón, en Torres (Jaén).
El convenio entre el Ayuntamiento de Valencia y la Consellería de Inmigración y Ciudadanía para que el albergue La Paz preste atención, alojamiento y manutención a los inmigrantes ha aumentado su aportación para este año a 401.900 euros, de los que la Generalitat aporta el 60 por ciento.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el conseller de Inmigración y Ciudadanía, han firmado hoy la addenda para este año de ese convenio, que se firmó en 2008 con un presupuesto inicial de 300.000 euros.

De esta forma, el albergue juvenil podrá prestar el "servicio tremendamente humanitario y solidario" de atender cada día a 70 inmigrantes que no tienen cubiertas sus necesidades básicas en la ciudad de Valencia, como ha destacado la alcaldesa.

La aportación de la Generalitat para 2009 será de 237.620 euros, mientras que Ayuntamiento aportará el resto -correspondiente al 40 por ciento del presupuesto-.

Barberá y Blasco han coincidido en destacar que la atención solidaria a los inmigrantes es "uno de los objetivos de la política" de ambas Administraciones y han resaltado la importancia de un convenio que va a permitir el funcionamiento de una infraestructura que "contribuye a favorecer la integración".

Tras la firma del documento, la alcaldesa ha recordado que la inmigración es una materia que corresponde "en exclusiva" al Gobierno, "que lejos de responsabilizarse de ella, la reparte para que las ejerzan de forma impropia otras Administraciones aunque no dispongan de los recursos para ello".

Barberá ha calificado de "caóticas" las consecuencias del "desastroso" proceso de regularización del Gobierno socialista que, a su juicio, "demuestra su irresponsabilidad, su dejadez y su falta de criterio".

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